El gobierno español insiste en el derecho
penal como el gran regulador de la sociedad, pretende instalarnos en el
populismo penal como discurso y como solución. Doctrina que consiste en calmar
al pueblo, mediante apelaciones al aumento de las penas, el endurecimiento de
los castigos y leyes, que no tienen un impacto real en la prevención y
disminución del delito, que además se radicalizan cuando se mezclan con atentados y episodios
sangrientos, anulando garantías y suprimiendo derechos, usándose como
instrumento punitivo y no corrector._-_The_Flagellation_of_Our_Lord_Jesus_Christ_(1880).jpg)
Acuerdos, y todo lo democráticamente posible para
frenar el terrorismo yihadista, pero la obligación del partido popular, de la oposición y de la
judicatura, es
motivar sin fisuras el carácter marcadamente constitucional de nuestro Estado
de Derecho, sin manosearlo
electoralmente. No se puede hacer patria a golpe de titulares, que actúan sobre
las entrañas, pero que no resuelven las
amenazas de los terroristas.
La superioridad moral de Estado es
incuestionable, por eso la prisión permanente revisable es una medida utilizada,
para actuar sobre los resortes emocionales. La Constitución
concibe la rehabilitación de los penados como la finalidad de la condena. Y en
ningún caso contempla que la venganza institucional pueda ser el objetivo de la
misma. Por eso, la articulación que se propone, puede ser de dudosa
constitucionalidad.¿Pactos? ¿Por qué no lo hay para regular penalmente la alta delincuencia económica, o aquellas conductas en el ámbito bancario que producen graves perjuicios a la sociedad, y están poniendo en jaque a España?
