El llanto por la Pepa la imperfecta constitución de 1.812, y por su hija la constitución de 1.978, no es un comportamiento plañidero, se refiere a la reconstrucción de la memoria histórica para solventar nuestro presente inmediato.
Doscientos años después de la
primera constitución española, en medio de una crisis económica y política que
se está llevando por delante el pan y la democracia. A nuestros mandatarios no se les ocurre otra
cosa que montar fastuosas conmemoraciones disfrutadas por las celebridades, y
que solo la recientísima Cumbre de dos
días en Cádiz, nos ha costado más de 4,9 millones de euros, amén del casual
patrocinio de algunas empresas como
SEAT, Volkswagen-Audi, Cepsa, Acciona,
FCC, Renfe, Iberia, El Corte Inglés, Banco Popular y BBVA, cuyas arcas
privadas hemos vuelto a engrosar
significativamente. Este evento ha sido
un magnífico retrato en blanco y negro de cómo gestionan nuestros
gobernantes las durísimas horas que está
atravesando el país.
Y tres décadas después de la promulgación de nuestra transicionada y laboriosa Carta Magna vigente hoy, España que en los últimos 200 años ha reformado la Constitución solo dos veces, y la tercera que lo ha hecho, ha sido el fatídico verano del 2011 para modificar el artículo 135.CE, cuyo objetivo troncal fue mandar un mensaje de sumisión a los mercados financieros. Para lo cual ha consagrado de forma llamativa la prioridad absoluta del pago de la deuda pública incluyendo capital e intereses, constitucionalizando y dogmatizando el principio de estabilidad presupuestaria y la limitación de la deuda junto con la transferencia de soberanía en materia de política económica y financiera, todo a costa del crecimiento, del empleo, de las pensiones y de los logros básicos de Estado del bienestar, tramado con alevosía y sin el valor del consenso, cuyo efecto integrador es preceptivo en las liturgias democráticas, lo contrario devalúa extraordinariamente nuestra Constitución.
Ante los peligros del acelerado desmontaje de la arquitectura constitucional, uno de los pocos diques de contención que nos queda, frente al devastador dominio de la usura de la agenda conservadora, es tejer un potente entramado social que ponga límites al ejecutivo, al legislativo y al judicial, a fin garantizar una gobernanza para el pueblo y con el pueblo.
Kechu Aramburu.
Publicado en El Correo de Andalucía el 6 de diciembre de 2012.