Secuestrados por los ricos

Acaban de informarnos que nos han robado, que nos están robando, que piensan seguir robándonos, y además se reúnen ahora en Davos para seguir diseñando como hacerlo. Algunos españoles acudirán en sus diferentes representaciones, ejecutivos de empresas como Telefónica, Acciona, Prisa, Iberdrola, BBVA, los diarios El Mundo y El País, el Ministro de Industria o la alcaldesa de Madrid, no faltarán los que tienen que estar, como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y otros no visibles pero omnipresentes. Han acuñado un lema para su 44ª edición “la globalización económica como arma para dar una redefinición del capitalismo”. 

 

Nadie sospechoso, ni el gobierno ni la oposición, ninguno de los que pagamos con nuestros impuestos para que nos informen sobre la realidad, se han atrevido a decir lo que hace horas rubrica, debidamente documentada, una organización no gubernamental.

Que las 20 personas más ricas del Estado español poseen una fortuna similar a los ingresos de 10 millones de españoles, y que la mitad de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población, que posee unos 81 billones de euros.

Que la concentración del 46% de la riqueza esté en manos de una minoría supone un nivel de desigualdad “sin precedentes”, que amenaza con “perpetuar las diferencias entre ricos y pobres hasta hacerlas irreversibles”.

Que hay 13,6 billones de euros no registrados y en terceros países de baja tributación, por lo que en realidad la concentración de riqueza es mucho mayor.
Además 210 personas se incorporaron el año pasado al club de los multimillonarios, cuya fortuna supera los mil millones de dólares, formado por 1.426 personas que concentran una riqueza de casi 4 billones de euros.


Ingenuos, pero sabedores articulan un discurso, que algunos deberían usar como programa de mínimos. Compromiso de no utilizar paraísos fiscales para evadir impuestos, no utilizar la riqueza económica para obtener favores políticos, que las inversiones sean públicas y que se destine la recaudación fiscal para proporcionar a la ciudadanía sanidad, educación y protección social, universales.

Prevenir que los intereses de las élites económicas y financieras sean los que marquen la agenda política, en detrimento de los intereses de la mayoría de la población.

Fortalecer la calidad democrática en España, rendición de cuentas de los cargos públicos con la ciudadanía y combatir de manera inflexible la corrupción.

Señalan que “el caso de España es especialmente preocupante” por los efectos de las políticas que se han adoptado, que han castigado de manera especial a las clases medias y a las personas más desfavorecidas, no sin apuntar que son esos ricos, entre otros muchos, los que tienen el poder de acabar con las desigualdades.


Kechu Aramburu
Publicado en Correo de Andalucia el 14 de Enero del 2014