Las personas mayores contribuyen con carácter “de excelencia” al desarrollo socioeconómico, sin embargo, siguen discriminadas y excluidas de la sociedad. La obligatoriedad es superar los mitos de la incapacidad a partir de la jubilación para conseguir que esta población sea activa social y económicamente, no dejando atrás a nadie, comprometiéndonos con una sociedad completamente inclusiva, que ya hoy en España funciona interesadamente en el marco familiar y, en la propia estructura de los pueblos, como uno de las vértebras sustentadoras y correctoras de la crisis.
En la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. En 2050, estas personas serán casi 2.000 millones, más del 20% de la población mundial. Por lo que es inevitable prestar toda la atención a las necesidades particulares y sociales de las mismas. Es igualmente relevante la contribución esencial que la mayoría de estos hombres y mujeres continúan haciendo al funcionamiento de la sociedad, si se cuenta con las garantías adecuadas. Los derechos humanos se hallan en la base de todos los esfuerzos del Estado y del conjunto de la ciudadanía en este esqueleto insustituible del entramado social.
Esto requiere que las cuestiones demográficas para el desarrollo sean parte de la agenda de nuestros gobiernos. Cuanto antes actuemos, más posibilidades tenemos de asegurar esta transformación global que nos beneficia a todos. Los países que invierten en este segmento de la población, lo garantizan con mayores niveles de calidad para toda la comunidad.
Me despido parafraseando a André Gide: “Cuando deje de indignarme habrá empezado mi vejez”.
Kechu Aramburu.
Publicado en el Correo de Andalucia el 2 de Octubre de 2014